El Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Industriales ha advertido del carácter "anticompetitivo" de la futura ley de servicios y colegios profesionales y ha alertado del "libertinaje" al que se puede llegar con esta normativa.
SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
En declaraciones a Europa Press, el presidente de esta organización, Domingo Villero, ha destacado que con el último borrador presentado se "pierde una oportunidad" para encaminarse hacia una Europa competitiva, donde "no haya europeos de primera y de segunda".
Villero, que representa a una entidad que aglutina a los ocho colegios provinciales andaluces, a través de sus ocho decanos y tiene la representación de casi 14.000 ingenieros técnicos industriales, ha apuntado que hay una serie de medidas en esta normativa que son "anticompetitivas".
En este sentido, explica que, de acuerdo con el sistema europeo de cualificaciones, cuando un técnico español se desplaza a otro país de la Unión Europea sólo se les permite ejercer en otros países aquellas actividades para las que están habilitados por la normativa española, que "limita severamente las atribuciones de estos profesionales".
Por ejemplo, un ingeniero técnico industrial español sólo puede firmar proyectos de edificación --naves y otros edificios anexos- en suelo urbano industrial pero difícilmente puede hacerlo en suelo agrícola. Un técnico alemán, que se beneficia de una normativa más abierta en su país, en cambio puede "venir a España y hacer lo que no se le permite a su homólogo español".
Asimismo, critica que esta ley pretenda limitar la competitividad de los profesionales segmentando y protegiendo nichos de actividad de los diferentes colectivos profesionales y "no en base a los conocimientos y el libre mercado". Esto, a su juicio, en un entorno de mercado de trabajo único europeo, supone una "limitación insalvable" de la competitividad de los ingenieros técnicos andaluces y españoles fuera y dentro de España.
Villero también ha instado a incluir una habilitación por parte de los colegios profesionales o asociaciones para ejercer la profesión. Al respecto detalla que la nueva norma señala como no obligatoria esta habilitación para profesionales que no dirijan obras el colegiarse, lo que deja fuera del eje de responsabilidad a directivos cuyas decisiones tengan consecuencias en la garantía y seguridad de una obra.
Por último, ha llamado la atención sobre el "intervencionismo" de esta ley que llega al punto de que la Administración Pública pueda disolver su junta directiva. "Un texto que pasa por alto que las funciones de los colegios no son delegadas por la Administración pública, como si se tratase de un ente gubernamental, sino que son atribuidas directamente por la ley, en virtud de su independencia", ha subrayado.
